Identificación de víctimas: las enseñanzas de Sarajevo

Marcela Turati
19 de octubre de 2012

Proceso, México

Las enseñanzas de Sarajevo.

La experiencia de la antigua Yugoslavia en materia de identificación de restos de víctimas de la guerra tiene un trágico paralelismo con el caso mexicano, pero con una diferencia de fondo: en aquella región se ha apelado a la voluntad política Así, la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP), organización establecida en 1996, ha ayudado a identificar a 18 mil personas, de las 29 mil desaparecidas en Bosnia y Herzegovina.

SARAJEVO, BOSNIA.- La puerta de metal resguarda una bodega climatizada a baja temperatura en la que se aprecian filas con nueve pisos de planchas metálicas que sostienen bolsas clasificadas en clave. Son restos de personas que estaban desaparecidas y que han sido recuperados durante los 20 años que han pasado después de la guerra que despedazó a Yugoslavia. Huesos en espera de que les devuelvan su identidad. A que los regresen a sus familiares. A que les hagan justicia.

Son cráneos con un balazo en la sien. Huesos fragmentados por la retroexcavadora con la que los asesinos los enterraron y desenterraron hasta tres veces para ocultarlos. Restos que se rehusaron a ser reducidos a cenizas aunque les prendieron fuego. Esqueletos encontrados a la vera de un río. En cajas, en el último piso, están las pertenencias que en vida portaban: el retrato de la familia que espera su regreso a casa, las llaves que no volvió a utilizar, el rosario musulmán, la brocha y el rastrillo, el calzón color lodo-oxidado.

Cruzando el pasillo, en un laboratorio, un trío de forenses arman esqueletos como si armaran un rompecabezas. Les toman muestras que mandarán a un laboratorio ubicado en otro edificio, donde lo contrastarán con las muestras de sangre de miles de familias. En ese otro laboratorio, un técnico contrasta huesos contra sangre, una, varias veces, de varios individuos, hasta que, ¡bingo!, en la pantalla aparece una cifra: “99.99999999999%”. Una persona desaparecida acaba de recuperar su identidad.

“Es uno más pero sé que este hallazgo traerá paz a una familia que lo está buscando”, dice sin emoción el técnico que logró el embonamiento.

Así es la rutina en la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP), una organización establecida en 1996 por iniciativa estadunidense que opera con fondos internacionales. Desde 2001 es líder mundial en uso de ADN para la identificación de personas. Con ese método ha ayudado a identificar a 18 mil personas de las 29 mil reportadas como desa­parecidas en Bosnia y Herzegovina.

“Hemos aprendido que esto no sólo es un esfuerzo humanitario sino que tiene que utilizarse en procesos legales, si las familias quieren justicia a la que tienen derecho”, indica Kathryne Bomberger, la directora de la comisión.

El alto éxito en la identificación de cadáveres es una buena noticia para esta región que de 1993 a 1995 fue escenario de masacres de miles de personas. Llegó un momento en que no cupo tanta muerte, así que se improvisaron cementerios en terrenos baldíos, en los parques, en los cerros y hasta en un estadio de futbol.

Las cicatrices de la guerra todavía son visibles. A lo largo de la carretera se ven casas y edificios cacarizos por las ráfagas que recibieron. En cualquier momento uno encuentra placas en las paredes, que recuerdan que en ese lugar varios ciudadanos fueron asesinados. Lo mismo les cayó una granada mientras compraban en el mercado o hacían la fila para comprar el pan, que los sacaban de su casa junto a todos los hombres de su comunidad.

En la plaza de cualquier pueblo es fácil encontrar memoriales que recuerdan a las personas asesinadas por los chetniks (el ejército ultraconservador serbio). Como en Srebrenica, donde 8 mil 100 varones en edad productiva fueron masacrados y enterrados en fosas clandestinas. Gracias al ICMP, 90% de los desaparecidos (o al menos fragmentos de sus huesos) han sido encontrados.

“Esta región tuvo más suerte que otras partes del mundo”, dice Blomberger, quien señala que la experiencia de los Balcanes puede ser emulada por México, donde la desaparición de personas es un fenómeno masivo. Algunas fuentes extraoficiales han señalado que son más de 10 mil las víctimas de este delito durante el violento sexenio de Felipe Calderón.

“Si México quiere hacer esto hay que hablar de posibilidades y hacer cálculos. El dinero siempre es una excusa. Hay que ver la realidad, qué es posible y cuál es el precio para la sociedad si no se hace. El costo de no hacerlo es demasiado y difícil de calcular. De alguna manera hay que decir que un gobierno debe dejar de permitir la impunidad”, dice Bomberger en su oficina. En la pared está un mapa del país, que sirve para planear las exhumaciones.

En otro edificio hay carpetas identificadas con rótulos que señalan: Kuwait, Filipinas, Colombia, Chile, Maldivas, Bosnia & Herzegovina, Noruega, Camerún, Kenia, Huracán Katrina, Croacia, Tsunami, Libia, Chipre, algunos de los países en los que la comisión ha trabajado porque encontró un ingrediente fundamental: “voluntad política”.

“Si el gobierno no tiene voluntad es difícil porque la mayoría de las veces las personas desaparecidas fueron torturadas, maltratadas, enterradas en fosas comunes y escondidas porque sufrieron violaciones de derechos humanos. En muchos casos organizaciones políticas a nombre de un gobierno lo hacen, y en casos como México lo hace el narcotráfico.

“Si no hay cuerpo no hay crimen. Los responsables del crimen no van a prisión. Por eso es clave que los gobiernos se involucren en los procesos, muestren voluntad política, porque las familias de las personas desaparecidas, además de identificar, quieren recibir sus huesos, quieren saber cómo fue, quién fue, por qué, y justicia para que los responsables sean juzgados”, dice en entrevista.

Esa es una particularidad de la ICMP, que al exhumar busca evidencias que puedan constituirse en pruebas en los tribunales que juzgan a los asesinos por crímenes de guerra.

“La situación ideal no sólo es recuperar personas, es encontrar las circunstancias en las que murieron, es tener pruebas para llevar a un juzgado. A fin de cuentas se necesita exigir cuentas a la gente”, dice la funcionaria.

Cuando se le pregunta si la comisión podría trabajar en México responde que sí, pero aclara: “El elemento crítico para nosotros es tener invitación del gobierno de México y recaudar fondos para hacer el trabajo, pero sí podríamos ir a México. Queremos ayudar a gobiernos a hacerlo, hay que desarrollar el proceso respetando a la sociedad civil, a la gente y su historia”.

Agrega: “Algunos países consideran que lo más importante es la construcción de un laboratorio, pero lo más importante es la voluntad política; después, construir instituciones, una base de datos central, que el Estado reconozca a los desaparecidos”.

Explica que en otros países la comisión colabora con los gobiernos para capacitar al personal, homologar criterios de exhumación, crear bancos de datos genéticos y estándares de búsqueda; desarrolla equipos especializados, que incluyen ministerios públicos, jueces, laboratoristas, trabajadores sociales y forenses. Una agenda que México tiene pendiente.

Tiempo de abrir fosas

En Yugoslavia la búsqueda de personas desaparecidas comenzó durante la guerra. En 1996, las exhumaciones se realizaban en forma tradicional: se sacaban restos, se mandaban a las morgues, se hacían estudios antropológicos pero la mayoría quedaban sin ser identificados. Ante la rápida saturación se les depositó hacinados en túneles con humedad.

Desde el 2000, el ICMP tiene sus instalaciones propias con cámaras refrigeradas y salas de examinación, lavado de cuerpos, autopsia y secado de huesos. Como primer paso, empezó a abrir fosas comunes que sobrevivientes señalaban como cementerios clandestinos, o siguieron pistas de informantes anónimos o que criminales proporcionaban en juicios. También utilizaban imágenes satelitales para detectar los lugares donde la vegetación estaba alterada y la tierra removida.

De las fosas han sacado huesos y tomado muestras a 36 mil de éstos. Simultáneamente, personal de la comisión viaja a campo, visita casa por casa o cita a la comunidad en centros colectivos, donde toma la muestra de sangre a un promedio de tres o cuatro miembros de cada familia. Luego pone un código secreto y un sello a cada una. Hasta el momento se han recabado 90 mil muestras.

Además, entrevista a las familias para recabar toda la información posible que pueda ayudar a identificar a su pariente, como las características físicas, lo que sabe de su paradero, la vestimenta que llevaba.

Al final, un formulario, una pregunta clave: “¿Está de acuerdo con que la información genética se use en los tribunales?”.

En el laboratorio de la ciudad de Tulsda, que se ocupa únicamente para el análisis de los huesos de la masacre de Srebrenica, la antropóloga forense, Majda Saracevic está concentrada en armar tres esqueletos.

Mientras acomoda los huesos en una plancha metálica explica: “Examinamos cada esqueleto, tomamos la foto de cada pieza que encontramos, no sabemos si cada uno es de un individuo… En algunos casos tenemos partes del cuerpo, huesos aislados o cuerpos completos. Cuando determinamos si corresponden a un individuo o a varios les hacemos cortes para tomarles muestras y enviarlas al laboratorio. Ellos mandan la respuesta cuando realizan el match con la sangre de la familia”.

Sin el contraste del ADN hubiera sido difícil dar identidad a los restos, explica Emina Kurtalic, directora de proyecto de Tulsda, ya que se trata de huesos de 8 mil varones de mediana edad, con las mismas complexiones, criados con la misma alimentación y que usaban el mismo tipo de ropa proveniente de la ayuda humanitaria.

“Aunque las características físicas son importantes, el ADN es crucial”, dice Kurtalic, quien enseña el tomo de uno de los libros que contienen las fotos de las identificaciones personales y ropa halladas en cada fosa.

Detrás de ella una gráfica pegada a la pared muestra que, en 2001, 51 personas habían sido identificadas y en 2002 (cuando comienza a usarse la genética) la cifra se dispara a 516 y crece cada año. La identificación se efectúa a escala masiva.

Los asesinos hicieron todo lo posible por que sus víctimas no fueran encontradas. En un primer momento, las enterraron masivamente con bulldozers. Pero cuando comenzaron los juicios en tribunales nacionales e internacionales destaparon esos cementerios clandestinos, sacaron con máquinas los huesos y los enterraron y desenterraron hasta tres veces y en distintos lugares para desvanecer las evidencias.

Por eso, los restos tocados por el aire se descompusieron rápido. Dejaron pequeñas tumbas con huesos mezclados, parciales o en pedazos. En esos casos el ADN fue el método certero para regresarles nombre y apellido.

Los huesos que no se corresponden con las muestras de sangre permanecen en la bodega climatizada y llevan una clave con datos, como el lugar donde fueron encontrados, el número de fosa y el número de cuerpo. Si con el tiempo se obtienen más muestras de sangre de familiares, cuando se tienen pruebas suficientes un hueso puede tardar tres meses en ser identificado.

Cuestión de leyes, no de humanidad

Durante la entrevista Bomberger remarca: “No es cuestión humanitaria; es de aplicación de la ley y de justicia”. Por ello, insiste, se requiere de la voluntad política, porque ningún equipo antropológico tiene permitido remover tierra, sacar cadáveres y hacerles prueba sin orden judicial de por medio.

En su edición 1802 Proceso reveló que el gobierno mexicano, especialmente la Procuraduría General de la República, se rehúsa a recibir ayuda de una comisión internacional que pueda examinar el material genético de los restos desenterrados en las fosas de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, porque considera que sus laboratorios son de máxima calidad, no obstante que Guatemala, Honduras y El Salvador sospechan que algunos connacionales terminaron ahí sus días y, posiblemente por impericia, fueron enterrados por el gobierno federal como “no identificados”.

Bomberger señala que en la ex Yugoslavia los acuerdos políticos fueron básicos, pues se logró unificar el criterio en un país gobernado por tres presidentes, dividido en dos regiones y con muertos de tres países. “Puede ser usado en cualquier parte del mundo. Vienen iraquíes, colombianos (patólogos, osteópatas, antropólogos) por entrenamiento, para ver el método porque tenemos un alto grado de calidad en lo que hacemos”, dice Kurtalic.

Los hallazgos del IMCP han dado fe de las brutalidades que se cometieron en Srebrenica, donde todos los hombres reclutables fueron cazados y asesinados (hecho nada alejado en similitud a lo ocurrido en San Fernando, Tamaulipas, con el asesinato de los 72 migrantes, o del caso de los pasajeros de los autobuses que iban a Matamoros).

En otros lugares, como el municipio de Ilijas, cerca de Sarajevo, aún hay 54 personas desaparecidas desde 1992.

La presidenta de la asociación de madres, Zekija Avdibegovic –que busca a su marido Omer, de 38 años, y a su hijo Evedin, de 16– señala que aunque se sabe dónde pudieron haber sido enterrados, no ha habido excavaciones. Esta es una de las más de 200 organizaciones de familiares de desa­parecidos que existen en la ex Yugoslavia.

“Lo más importante sería la voluntad política; lo que más duele es que se sabe dónde están pero no los buscan”, dice con una mezcla de decepción y rabia mientras muestra un mapa del campo abierto donde se sospecha que están enterrados.

“Hemos intentado ofrecer dinero para obtener información. También el alcalde prometió recompensa a quien dijera algo, y nadie dice. Ahora el IMCP tiene una línea de teléfono para que la gente informe esto”, explica.

En la plaza central, ante el campo de futbol donde los chetniks tuvieron concentrados a todos los hombres, frente a la mezquita, hay un memorial en el que se lee: “A las víctimas de la agresión del 2 de mayo de 92 a finales de 95, en el municipio de Ilijas y otras partes, en 10 campos de concentración donde encerraron y torturaron a más de 500 civiles bosnios, croatas, albaneses y roma (gitanos). De manera brutal han matado a 128 ciudadanos”.

Zekija no ha tenido la suerte de encontrar a los suyos; otros vecinos sí. Cada día que en la pantalla del técnico aparece la cifra “99.999999999999%”, que da positiva a una identificación, personal de la comisión se reúne con la “afortunada” familia, le enseñan los resultados, le explican los pasos que se siguieron para identificar los restos, le muestran la ropa, le dicen cuántos huesos tienen y pone a su consideración si les parecen suficientes para enterrarlo o esperan que se abran nuevas fosas para hallar más.

“Lo recomendable es que se tenga 75% del cuerpo y no dos o tres huesos, porque eso es muy duro. Tampoco alimentamos esperanzas porque si fue encontrado en un río o en una fosa común quizás no encontraremos más. Pero las personas viejas que no saben si van a vivir más deciden que aunque encontremos un hueso les avisemos porque quieren enterrar algo. Otros, como los islámicos, por asuntos religiosos necesitan todo el esqueleto para enterrarlos y a veces esperan hasta tres años hasta que dicen: ya no podemos esperar más”, comenta Kurtalic.

A su vez, Bomberger indica que la comisión trabaja con los familiares para que entiendan sus derechos y el proceso forense, para que se sacudan el miedo y den permiso para que el material genético se use con fines de búsqueda, y también, si quieren, en los juzgados.

Si no se castiga a los culpables cada país estará condenándose a repetir la misma historia.

“No estamos diciendo que el Estado es responsable; puede ser el crimen organizado, pero el gobierno tiene que mandar la señal de que va a buscar. Y aunque parece un pequeño paso, es un gran paso, lograr la voluntad política”, dice Bomberger.

En la conclusión de la entrevista y de ese recorrido por el moderno mundo de la identificación científica de restos, la funcionaria reflexiona: “Aquí nos enfrentamos con la irracionalidad, el salvajismo de todo lo que es capaz el ser humano. No hay ningún país del mundo que pueda decir que no ha cometido crímenes. Lo que nos previene es la ley, encontrar las fosas comunes, devolver la identidad de los muertos, encontrar quién es el responsable y encontrar la responsabilidad del Estado en esto. Sólo así podemos avanzar”.